Actores del sector energético analizan la ‘hiperregulación’ y la necesidad de mayor coordinación gubernamental

El encuentro, celebrado en las oficinas de Madrid de la consultora PKF Attest, ha servido como espacio de análisis estratégico en un momento decisivo para el futuro energético, marcado por la transformación del modelo, la presión regulatoria y la tensión geopolítica.

Madrid, 4 de abril de 2025. – PKF Attest ha celebrado en sus oficinas de Madrid un encuentro con representantes de algunas de las empresas más relevantes del sector eléctrico y energético para debatir sobre el impacto de la regulación en la competitividad del sector y la importancia de anticiparse como elemento diferenciador en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación del sistema energético. La presión regulatoria y la tensión geopolítica, el déficit de inversión de la red, una fiscalidad no clara al inicio de los proyectos y un precio que muchas veces compromete el éxito del proyecto han sido los temas centrales de la sesión

El encuentro ha contado con la participación de expertos de entidades como Iberdrola, Repsol, Enagas, Saeta, AELEC o RIC Energy. Elisa Gil, directora de Regulación de PKF Attest, destacó que “el sector energético está hiperregulado y requiere una negociación constante para adaptarse a una realidad cambiante”, subrayando la estabilidad como un valor diferencial en un entorno de fuerte presión normativa y política. Teófilo de Luis, of counsel en regulación de la firma, alertó sobre la indefinición normativa que genera un “entorno de tormenta perfecta” que pone en riesgo la voluntad de inversión. “No es momento de generar incertidumbre, sino de ser firmes y apostar por una energía más limpia y capaz de abastecer la demanda”, añadió.

Ana Cerezo, responsable de Asuntos Públicos de Iberdrola, ofreció una visión clara del momento actual, señalando que “el diagnóstico lo ha hecho Europa: el foco ya no es únicamente medioambiental ni solo descarbonización, ahora el gran objetivo es la competitividad”. Subrayó que “socios energéticos que hasta hace dos días eran fijos y fiables, ahora ya no lo son tanto”, en referencia al uso geopolítico de la energía por parte de países como Rusia. “Rusia ha utilizado la energía como arma. Por eso, avanzar hacia la independencia energética es una prioridad estratégica para Europa”, apuntó. También hizo hincapié en que España depende de la importación de combustibles fósiles y que “las renovables, además de sostenibles, aportan competitividad en precios”. Cerezo destacó el papel crucial de la energía nuclear en el mix actual: “El cierre nuclear no se está cumpliendo y va a tener un papel crucial. Si desaparece, la energía eléctrica subiría un 23% para consumidores y un 36% para la industria”. Por último, lanzó una crítica a la política fiscal: “Si la descarbonización es una oportunidad, pero la estamos grabando con impuestos, es como si nos estuviéramos autoimponiendo aranceles”.

Belén Zamora, de Enagás, centró su intervención en el plano europeo y la necesidad de claridad a largo plazo. “Europa tiene que decidir qué va a hacer con Rusia: ¿vamos a confiar en ellos o no?”, planteó, remarcando que “las infraestructuras energéticas comunes con Rusia ya no están, y eso exige una estrategia coherente”. Zamora señaló que la guerra en Ucrania benefició a Estados Unidos, al convertirse en un nuevo proveedor clave de gas natural licuado (GNL), y que “la respuesta europea ha sido tratar de comprar por adelantado para evitar aranceles y tensiones, pero eso no puede ser una solución permanente”. Además, alertó sobre la amenaza de desindustrialización si no se facilita la actividad empresarial: “Hay una complejidad regulatoria, administrativa y fiscal que no ayuda. Si queremos mantener tejido industrial, debemos facilitarlo”. Insistió también en que los consumidores “deben entender su factura y poder tomar decisiones conscientes sobre lo que consumen”. Y subrayó la importancia actual del gas y la nuclear en el mantenimiento del equilibrio del sistema eléctrico: “Son indispensables para mantener los parámetros de la red. Hay que analizar bien dónde están los cuellos de botella y cuáles son los retos reales de la red”.

Guillermo Sáez, Head of M&A de SAETA, expuso una visión crítica sobre la rigidez normativa que afecta al desarrollo de las renovables en España. “La guerra real es entre EE. UU. y China, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Europa no es tan relevante como creía, y eso se nota también en el sector energético”, afirmó. Reclamó una visión más pragmática en la transición: “El gas y la nuclear siguen siendo necesarios. Van a ir desapareciendo, sí, pero la retirada debe ser más progresiva”. Sáez denunció que “hay mucha energía que se tira a la basura por pérdidas en la red”, y apuntó que “ha habido una inversión privada muy importante que no ha ido acompañada de inversión pública”. También pidió mayor flexibilidad en la planificación energética: “Si la red pública no llega, lo entendemos, pero si no lo hacen, que al menos sean más laxos con quienes sí quieren llegar”. Además, reclamó medidas de apoyo directo: “Las renovables, aunque suene paradójico, no se sostienen solas. Las fotovoltaicas sufren mucho. En otros países hay ingresos mínimos garantizados o subastas con contratos por diferencia. Aquí no”. Criticó también el diseño tarifario: “Tenemos una tarifa con un techo, pero sin suelo. Si el precio cae por debajo del umbral de rentabilidad, se pierde”. Y pidió eliminar cargas fiscales como el impuesto a la generación: “Se creó para compensar el déficit tarifario, pero ese déficit desaparecerá en 2028. El impuesto también debería hacerlo”.

Marina Serrano, presidenta de AELEC, insistió en que “nos encontramos en un momento de cambio profundo” y que la regulación, la planificación y la colaboración entre el sector público y privado serán determinantes para no perder competitividad en el proceso. “Europa ha apostado por liderar la transición energética, pero romper con Rusia en el plano energético nos ha obligado a equilibrar tres grandes objetivos: seguridad de suministro, competitividad y descarbonización”, señaló. En este contexto, recalcó que la única vía sostenible pasa por producir más energía renovable, pero también advirtió de los límites del modelo si no se acompaña del aumento de la demanda: “Se espera que en 2030 el 80 % de la energía producida sea renovable, pero si no hay suficiente demanda que la absorba, el sistema no funciona”. Por eso, defendió con firmeza la electrificación de la demanda como requisito indispensable para cumplir con los objetivos climáticos: “Durante años la demanda eléctrica no crecía. Ahora por fin empieza a hacerlo, pero necesitamos acelerar ese proceso”.

Además, subrayó la importancia de las redes como pilar del sistema: “Sin redes de distribución y transporte bien dimensionadas, no sirve de nada aumentar la capacidad renovable. La red es el sistema”. Serrano también destacó la necesidad de que los inversores tengan visibilidad regulatoria a largo plazo: “La tasa de retribución financiera debe estar clara. Los inversores necesitan saber cómo van a recuperar el dinero que están arriesgando”. Para ello, pidió que las autoridades “escuchen más al sector, y que el Gobierno y la CNMC trabajen de forma más coordinada con la industria”.

Hajar El Mansouri, especialista en regulación de RIC Energy, puso el foco en los obstáculos administrativos y regulatorios que enfrenta el desarrollo de proyectos renovables en España. “Hay una descoordinación muy clara entre el Ministerio y las comunidades autónomas, y eso tiene consecuencias directas sobre el avance de los proyectos”, advirtió. Como ejemplo, mencionó un reciente proyecto de real decreto enfocado en la protección de la flora y fauna que, sin coordinación suficiente, “podría poner en riesgo la viabilidad de un parque eólico”. En su opinión, “falta diálogo real entre el Ministerio y las secretarías de Energía, y eso se traduce muchas veces en decisiones que frenan la transición energética”.

El Mansouri también denunció que, pese a los esfuerzos que se hacen desde Europa para incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, a nivel nacional no se está facilitando su implementación: “Desde Bruselas nos están ofreciendo financiación para almacenamiento de hidrógeno, pero luego aquí nos encontramos con que no conseguimos ni una licencia de obra. Esto genera una moratoria encubierta que paraliza proyectos clave”. En su intervención, subrayó la urgencia de adaptar los procedimientos administrativos a las necesidades del nuevo modelo energético: “Necesitamos agilidad y una visión común entre los distintos niveles de la administración, porque si no, vamos a perder inversiones y oportunidades estratégicas”.

También participó Ana Delgado, de Grenergy, quien valoró positivamente el papel de España en la transición energética: “Hemos sido pioneros en muchas cosas, y hay países como Alemania que están mucho más rezagados, por ejemplo, en almacenamiento”. No obstante, advirtió que “el Gobierno se ha precipitado en ciertas regulaciones, a veces contradictorias, y se ha echado en falta una mayor escucha al sector, especialmente a nivel autonómico”. En su opinión, “en un periodo convulso como el actual, es fundamental recuperar el diálogo y adoptar un enfoque más sosegado”. Delgado también puso sobre la mesa una cuestión estructural: “Las renovables parten en desventaja frente a sectores como las refinerías, que generan menos empleo, pero siguen recibiendo más apoyo. Ese es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar”.

Jon Nieva, director jurídico de Acciona, reflexionó sobre el contexto internacional y la evolución del hidrógeno como vector energético: “Estados Unidos se ha dado cuenta de que China le estaba comiendo la tostada, y ahora estamos en una etapa de redefinición”. En ese sentido, explicó que tras los años del “boom del hidrógeno”, el mercado se ha estabilizado: “Se quedarán unos pocos proyectos sólidos, pero el problema sigue siendo el ‘gap’ entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar y lo que cuesta producirlo, que en muchos casos se ha ampliado”. También remarcó la importancia de concienciar a la sociedad: “Hay que educar a los consumidores sobre lo que cuesta realmente generar esta energía”. Además, señaló ciertas barreras regulatorias que penalizan el desarrollo renovable en España: “No podemos construir en suelo rural, solo en industrial, y eso nos pone en desventaja”. A esto se suma la distancia entre puntos de producción y distribución, que “incrementa los costes logísticos y de transporte”.

Macarena de la Llave, responsable de relaciones institucionales de Repsol, destacó que la visión de la empresa es “de neutralidad tecnológica”, subrayando que no se deben favorecer unas tecnologías sobre otras sino “permitir que cada solución tenga su oportunidad, dependiendo de las necesidades y el contexto”. En este sentido, hizo hincapié en la importancia del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), señalando que “es fundamental que en 2025 el Gobierno siente las bases necesarias para cumplir con los objetivos que se han propuesto”. De la Llave remarcó que, para alcanzar esos objetivos, se necesitarán 3.000 millones de euros en inversión, tal y como está estipulado en el plan. Además, hizo un llamado a la colaboración público-privada: “Es imprescindible que el sector público y el privado trabajen de la mano, porque sin esa colaboración no será posible cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos”.

Por otro lado, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas: “La coordinación entre ambos niveles de gobierno es clave para avanzar de manera eficaz. En nuestro caso, estamos sustituyendo fósiles por residuos renovables, pero en algunas comunidades autónomas la obtención de esa materia prima para la generación es complicada”. Señaló que las dificultades de acceso a materiales renovables en algunas regiones retrasan la transición energética y obstaculizan el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional.

El evento ha servido como foro de reflexión y análisis en un momento clave para el sector, en el que la regulación, la inversión en infraestructuras y la colaboración institucional se presentan como palancas imprescindibles para una transición energética eficaz, competitiva y sostenible.