Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2022
En la elaboración del PAN-22 han participado todos los ministerios y las 368 propuestas normativas que lo componen desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas propuestas incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) desarrollan compromisos del PRTR. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 16,57%).
Entre las normas que forman parte del PAN-22 destacan:
Transformación digital
- Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las CCAA y los trámites administrativos para nuevos proyectos.
- Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.
- Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.
- Real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.
Cohesión social y territorial
- Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.
- Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.
- Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.
- Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
- Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.
- Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.
Igualdad de género
- Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
- Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.
- Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
- Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.
Transición ecológica
- Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común.
- Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.
- Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.
- Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
- Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.
- Otro bloque de normas se centra en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la ley de transparencia.
