El tipo impositivo en los que mas tienen se verá afectado en el territorio vasco.
El pasado año se caracterizó, en el ámbito tributario, por el despliegue de un conjunto de impuestos y gravámenes envueltos en muchos casos en polémica, dificultades en su aplicación, y anuncios de multitud recursos por parte de los contribuyentes.
Uno de los impuestos sobre los que más se ha debatido es el nuevo impuesto temporal sobre las grandes fortunas (IGF). A pesar de que el número de afectados será reducido, y el impacto en la recaudación muy limitado, ha generado mucha inquietud en algunos contribuyentes, consultas para analizar posibles vías de recurso, que las hay, y el estudio de posibles desplazamientos a territorios más amables con los grandes patrimonios.
Dicho lo anterior, ¿en qué situación se encuentra el País Vasco en relación con este nuevo impuesto? Tras el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto de diciembre, el Congreso primero, y después el Senado han aprobado, en lectura única, el proyecto de ley que modifica el Concierto Económico para concertar este tributo (junto con otros) en términos similares al impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, se reconoce que es un impuesto complementario al de patrimonio, que los Territorios Históricos tienen plena capacidad normativa, y además se especifica que tendrá la misma duración que el impuesto estatal.
Así que, en un plazo muy breve, el proyecto de ley completará su tramitación concluyendo la concertación de este impuesto. Posteriormente las Juntas Generales podrán iniciar el trámite para aprobar unas nuevas normas forales que regulen este nuevo impuesto en sus respectivos territorios históricos.
Teniendo en cuenta que el IGF estatal tendrá una duración de sólo dos años, 2022 y 2023 (ya veremos si se prorroga su aplicación), que a finales de mayo tenemos elecciones forales, y que existe una cierta discrepancia entre PNV y PSE en cuanto a la aplicación de este impuesto, ¿será realmente de aplicación en el País Vasco?
Prácticamente se da por hecho que este impuesto no podrá aplicarse en los territorios históricos en 2022, dado que el devengo se habría producido el 31 de diciembre. Así que la cuestión que queda por resolver, es qué ocurrirá en 2023. Suponiendo que se mantienen PNV y PSE como partidos de gobierno, y sabiendo que la posición en este caso no es plenamente coincidente, pensamos que podrían darse las siguientes situaciones.
La primera opción es que se opte por no incorporar este nuevo impuesto a su legislación tributaria, sobre la base de que ya hay un impuesto sobre el patrimonio adecuado. La otra, que se opte por la solución navarra, que consistió desde un primer momento en modificar temporalmente la escala del impuesto sobre el patrimonio para ajustarla a la del IGF. Hay una última opción, que pasaría por aprobarse un nuevo IGF foral, que podría ser en términos idénticos al impuesto estatal, o bien al impuesto sobre el patrimonio foral con una escala ampliada.
Cualquiera de las dos últimas soluciones (adaptar la tarifa de patrimonio, o bien aprobar un IGF foral), tendrá una repercusión muy reducida en el número de contribuyentes afectados, ya que se estima que rondarán los 500 en la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que el hecho de que sea un impuesto complementario al de patrimonio, y que por tanto pueda deducirse lo pagado en este último, sitúa el umbral de aplicación del nuevo tributo en el entorno de bases imponibles superiores a 10 millones de euros en Bizkaia, o 13 millones en Álava y Gipuzkoa.
Sin embargo, sí es relevante la posible trasposición literal del IGF estatal, frente a la modificación de la escala de patrimonio o la aprobación de un IGF foral similar al de patrimonio, ya que hay diferencias sustanciales en materias tan sensibles como el alcance de la exención de empresa familiar, por ejemplo, en supuestos en los que se mantienen los beneficios empresariales en la compañía.
Por lo tanto, tendremos que mantenernos atentos a la evolución de este nuevo impuesto, ya que más allá de su capacidad recaudatoria, está generando un importante debate tanto entre los partidos de gobierno como en general en la sociedad, y cuya eventual aplicación vendrá seguramente acompañada de un buen número de recursos.
